Revisión obligatoria de medida de coerción a imputados Operación Medusa

SANTO DOMINGO, RD- La jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conocerá este martes a las 11:00 de la mañana revisión obligatoria de las medidas de coerción a varios de los imputados de la Operación Medusa, encabezado por el ex procurador general Jean Alain Rodríguez.

Además del exprocurador Rodríguez por el caso también es procesado el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación de la Procuraduría, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Alfredo Alexander Solano Augusto y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, quienes cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal.

También, Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.

El caso involucra también a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado el pasado año en España y solicitada su entrega a la República Dominicana para que responda por los hechos de corrupción que se les imputan.

El pasado 29 de octubre el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le confirmó las medidas de coerción a varios imputados, ordenando la revisión obligatoria el 28 de enero de 2022, fecha en que fue aplazada para este viernes en virtud de que la imputada Jenny Marte Peña se presentó al tribunal sin su defensa.

En el caso de Rodríguez Sánchez y Forteza Ibarra le fue ratificada en otra audiencia realizada en diciembre pasado en virtud de un recurso de apelación que interpusieron ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional y se dispuso la revisión obligatoria para el próximo 19 de marzo.

Según consta en el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.

El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.

También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.

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