Santo Domingo.– En un hecho que algunos juristas califican como histórico, un grupo de abogados ha iniciado una interpelación pública al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), denunciando presuntas violaciones a principios constitucionales fundamentales como la igualdad, la legalidad y el debido proceso en el actual proceso de selección de jueces de la Suprema Corte de Justicia.
La iniciativa se apoya en una reflexión histórica citada por Raúl Cepero Bonilla en su obra Azúcar y Abolición, donde destaca que, de los 55 comparecientes a la Convención Constitucional norteamericana de 1787, 39 eran abogados. Este dato resalta el papel dicotómico de la abogacía: por un lado, custodiar el ordenamiento jurídico y, por otro, cuestionarlo cuando este vulnera derechos fundamentales.
Según los denunciantes, el CNM ha incurrido en prácticas excluyentes al limitar la participación en el concurso únicamente a jueces de Cortes de Apelación, estableciendo un requisito que no está contemplado en la Constitución. Afirman que esta decisión vulnera el derecho a la igualdad y excluye injustificadamente a otros profesionales del derecho que cumplen con los requisitos constitucionales.
El artículo 180 de la Constitución de la República Dominicana faculta al Consejo Nacional de la Magistratura exclusivamente a evaluar el desempeño de los jueces, pero no le otorga competencia para crear reglamentos ni imponer requisitos adicionales. Asimismo, el artículo 153 de la Carta Magna, que establece los requisitos para ser juez de la Suprema Corte de Justicia, no exige haber sido juez de Corte de Apelación. Sin embargo, el artículo 25, numeral 5, del reglamento aplicado por el CNM introduce un requisito inexistente en el texto constitucional, lo que constituye, a juicio de los abogados, una clara extralimitación de funciones.
Resulta llamativo que estas denuncias no hayan sido recogidas ni debatidas en los principales medios de comunicación del país, pese a la gravedad institucional que representan. Más aún cuando el órgano señalado como responsable de estas violaciones es, precisamente, el llamado constitucionalmente a garantizar el respeto a esos mismos principios.
Los juristas reiteran su llamado a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a los sectores jurídicos del país a prestar atención a esta situación, que consideran trascendental para la defensa del Estado de derecho y la supremacía constitucional.
Centauro Miranda
