Defender a personas vinculadas en presuntos actos de corrupción, es una labor atractiva para los profesionales del derecho porque estos suelen pagar sumas millonarias a sus defensores.
Desde finales de noviembre del año 2020 el Ministerio Público ha desencadenado una persecución contra malversación de fondos públicos que ha sido de mala suerte para los implicados.