Santo Domingo;- El Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA), llamó a la ciudadanía, y en especial, a las organizaciones defensoras de derechos humanos a comprometerse en la defensa de un Código Penal inclusivo y garante de justicia social, incluidas las mujeres y niñas.
Mediante un comunicado de prensa, la entidad expresó su profunda preocupación por considerar que la pieza estudiada por la Comisión Especial en la Cámara de Diputados, representa una amenaza a los derechos humanos y desprotege totalmente a las niñas y mujeres, al excluir las tres causales para la interrupción del embarazo, y desproteger a la niñez de posibles abusos de sus propios tutores y de otras disposiciones que marcarían un retroceso significativo y una amenaza a los principios de equidad y justicia.
Somos una entidad que desde hace más de una década desarrolla programas de acompañamiento a niñas, adolescentes y mujeres que viven en condiciones de extrema pobreza, victimas de violaciones a derechos fundamentales como el acceso a salud integral, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, a métodos anticonceptivos; acompaña a niñas en riesgos de embarazarse y casarse a temprana edad resultado de la falta de oportunidades, a mujeres victimas de violencia de genero e intrafamiliar y familias en desprotección social, residentes en bateyes y barrios de Santo Domingo Norte, Este, La Victoria y Yamasa.
“Desde la trayectoria de CEDUCA, en la defensa de los derechos humanos y la salud integral, incluyendo la salud sexual y reproductiva y la equidad de género, reafirmamos nuestro compromiso con la lucha por un Código Penal que respete y proteja los derechos de todas las personas, especialmente de los sectores más vulnerabilizados”, precisaron.
En ese sentido, enfatizamos en que el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo en tres causales, que se establecen cuando la vida de la niña o la mujer corre peligro, cuando el embarazo es inviable y que no tiene posibilidad de dar vida plena, fuera del útero, y cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto debe ser reconocido y respetado; razón por la cual insisten en la defensa del derecho a la vida y la dignidad humana; y con esto busca preservar el derecho de las mujeres a poder tomar la decisión de salvarse en situaciones tan calamitosas.
De igual forma, entendemos que el Estado dominicano debe respetar y garantizar el derecho a una vida plena y segura para las mujeres y las niñas, en especial frente a los numerosos casos violaciones, incestos y otras formas de violencias que estas sufren.
CEDUCA, también demandó que los congresistas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, asuman su obligación de legislar libres de prejuicios y dogmas, y preservando el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, como proclama la Constitución y diversos acuerdos internacionales de los que República Dominicana es signataria.
La entidad de carácter comunitario, recordó que nueva vez el aparato legislativo está llamado a superar su visión conservadora y sus prejuicios en torno a los derechos de las mujeres, y que, por el contrario, debe asumir el compromiso con la democracia que no puede soportarse sobre la base de violar derechos humanos de las mujeres, ni de ningún sector con vulnerabilidad».
