Santo Domingo.- Los senadores y diputados que se juramenten el próximo 16 de agosto tienen el reto de conocer y darles salida a las iniciativas legislativas sometidas en el Congreso Nacional consideradas más importantes.
Algunas de esas piezas llevan en espera hasta más de 20 años sin lograr concluir el trámite legislativo: la introducen, envían a estudio, en ocasiones las aprueban en una de las cámaras y perimen. Esa es la historia del proyecto de reforma del Código Penal, el cual tiene 23 años debatiéndose en las cámaras parlamentarias, sin éxito alguno.
La falta de voluntad política y las tres causales que permitirían el aborto han sido el talón de Aquiles principal durante años para que no haya un consenso que permita la sanción de la iniciativa.
Otro con edad similar en el Congreso, es el proyecto de reforma del Código Civil de la República Dominicana, el cual modifica el Código actual que data desde el año 1884 (al igual que el Código Penal). La propuesta legislativa tiene 24 años en el órgano bicameral.
El 27 de febrero del año 2000 el Poder Ejecutivo depositó ante el Congreso Nacional el proyecto para modificar el Código Civil Dominicano, fue estudiado, desde entonces, por las cámaras y reintroducido con su texto actualizado cada vez que perime al vencer el plazo constitucional establecido para su conocimiento.
Sobre esta legislación, el Congreso aborda su estudio, asumiendo los legisladores la reintroducción del texto en la versión más actualizada cada vez que perime por aplicación del trámite para la formación y efecto de las leyes, asegurando así los actores parlamentarios la continuidad en el proceso de estudio de la iniciativa legislativa.
En 2005, el Senado aprobó la resolución mediante la cual aprobó la agenda legislativa priorizada, correspondiente a las legislaturas ordinarias de ese año, siendo una de las piezas a tratar la reforma del Código Civil. Se creó una comisión especial presidida por el entonces senador Enriquillo Reyes.
Por otra parte, también está el proyecto de ley de agua, el cual tiene más de 25 años a la espera de un acuerdo entre los senadores y diputados.
El pliego legislativo deroga en todas sus partes la arcaica Ley 5852, sobre Dominio de Aguas Terrestres y Distribución de Aguas Públicas, del 29 de marzo de 1962 y sus modificaciones; la Ley 6 de 1965 de creación del Indrhi; y el artículo único de la Ley 632 de 1977.
En este cuatrienio que culmina la noche del próximo 15 de agosto fueron sometidas cuatro piezas que buscan suplir al país de la actualización del marco legal: el proyecto de ley de aguas de la República Dominicana y el de agua potable y saneamiento, introducidos por el diputado reformista Máximo Castro Silverio y por los senadores Eduardo Estrella (DxC-Santiago) y Valentín Medrano (PLD-Independencia). Los tres legisladores dejarán la curul al concluir el cuatrienio.
Se recuerda que el Gobierno trabaja un anteproyecto de ley de agua para someterlo al Congreso Nacional; sus últimas modificaciones fueron hechas a principios de octubre de 2023. Se anunció que el texto sería entregado a los titulares de los ministerios de Economía y Medio Ambiente, respectivamente, a mediados de ese mes, para que decidieran el curso de la normativa. A la fecha, el pliego de ley aún no ha sido sometido al órgano parlamentario.
Más de 10 años
Además de las legislaciones mencionadas, en la sede del primer Poder del Estado “duerme” el proyecto de ley orgánica de fiscalización y control del Congreso Nacional, el cual tiene más de 10 años en el “círculo de espera”.
El documento legislativo tiene por objeto la regulación de los procedimientos y mecanismos de fiscalización y control político del Congreso Nacional.
Están sujetos a las regulaciones previstas en la iniciativa los funcionarios públicos que integran 16 instituciones, tales como los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; el Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo, Ministerio Público, entre otros.
Según la versión sometida por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; y Máximo Castro, quedan sujetos a la regulación de esta legislación las personas físicas o jurídicas que utilicen o se beneficien del patrimonio o del uso de los recursos públicos.
También pasa de 10 años “sembrado” en el órgano parlamentario, el proyecto de ley que reorganiza el sector de hidrocarburos en la República Dominicana; aunque fue sometido por el presidente Luis Abinader, el 28 de febrero de 2022, el 16 de marzo del 2011 el entonces senador de La Altagracia, Amable Aristy Castro (fallecido), introdujo en el Congreso un proyecto que buscaba reformar la Ley 112-00. El legislador reintrodujo la pieza dos años después, sin algún logro.
La misma suerte corre el proyecto de ley que crea el sistema integral para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, que ha sido sometido por varios actores, entre ellos el Poder Ejecutivo.
El propósito de la pieza es implementar políticas públicas orientadas al reconocimiento, respeto y garantía de los derechos de las mujeres; la tipificación y sanción de los diferentes tipos de violencia.
