Durante las tres últimas administraciones gubernamentales en el país nuestro Movimiento Izquierda Unida, a través de nuestro secretario general Miguel Mejía, ha sido reiterativo en denunciar malas prácticas, individuales y grupales en el manejo de la generación, distribución y venta de energía eléctrica.
Además del pueblo dominicano, testigos son los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina y el actual gobernante Luís Abinader en quien hoy cae el peso de la incapacidad gerencial y técnica del administrador general de la Central Termoeléctrica Punta Catalina y presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, ante las diversas protestas de sectores populares en todo el país en respuesta a las largas tandas de apagones que les afectan enormemente.
Todos sabemos que dichas administraciones han tenido que enfrentar crisis energéticas en distintos momentos y por diversas causas, técnicas, financieras, políticas y económicas, pero entre las causas principales está que el “ switche” del sistema eléctrico dominicano está manos de un funcionario público que es juez y parte de sus propios intereses, beneficiándose abiertamente como empresario propietario de la empresa Multiquímica Dominicana, desde donde vende energía a un sin número de empresas, sin producir energía.
La sociedad dominicana conoce que desde que este señor fue designado en la administración pública su labor ha sido cuestionada por diversos sectores, incluidos especialistas del área específica de sus funciones, por su mala gestión. Su incapacidad para dirigir la institución estatal contrasta con su habilidad para trabajar por sus intereses particulares, con lo que demuestra que no tiene ni la vocación de servicio, ni la experiencia técnica para dirigir esta institución que además es de carácter estratégico nacional.
La función de este señor desde la entonces Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) viene con una falla de origen que consecuentemente se traslada al mismo sistema eléctrico traducida en sistemáticos apagones, ocultamiento de información, contratos poco transparentes, deudas millonarias a las generadoras y distribuidoras estatales, no así a las privadas, incluidas las propias, entre otras fallas.
