Santo Domingo.– El capitalino barrio de Cristo Rey llevaba dos años preocupado por Francelys Furcal Rodríguez, la mujer que mató al empleador chino que la maltrataba. Ahora, cuando Francelys ha sido extraditada y enviada a prisión preventiva, el sentimiento en el barrio es distinto. Se respira indignación.

El juez Rigoberto Sena le impuso la medida de coerción tras considerar que existía la posibilidad de que la imputada evadiera la justicia. Ahora, Francelys se encuentra en la prisión Najayo Mujeres, mientras que su familia y el Cristo Rey esperan que se haga justicia.

En el barrio hay miedo

En Cristo Rey no todo el mundo quiere hablar. Es un tema delicado y muchos prefieren mantenerse al margen. Sin embargo, los vecinos de la familia de Francelys lo tienen muy claro: el homicidio fue involuntario y en defensa propia.

En la calle que lleva a la casa de la imputada, se encuentran dos hombres pelando verduras. Coinciden en que Francelys era una joven de bien, que trabajaba para ayudar a sacar adelante a su familia.

Ellos no se olvidan de los abusos que recibía su vecina, que era golpeada y humillada por su empleador. Entienden que una mujer que es agredida, debe defenderse.

Santo Domingo.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Francelys María Furcal Rodríguez, imputada por la muerte del comerciante de nacionalidad china, Zongxin Chen.

El juez Rigoberto Sena Ferreras dispuso que la imputada Furcal Rodríguez cumpla la medida en el centro penitenciario Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.

El Ministerio Público le imputa a Furcal Rodríguez cometer homicidio voluntario en perjuicio del comerciante chino Zongxin Chen y uso de pasaporte falso, delitos tipificados en los artículos 295, 304, 153 y 154 del Código Penal Dominicano, que sancionan dichos delitos.

Por el hecho, también se le atribuye violentar las disposiciones contenidas en los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Sobre el hecho

De acuerdo a la instancia depositada, el hecho ocurrió el 21 de abril de 2022, en el comercial Z&C del Ensanche Luperón, cuando la imputada Francelys María Furcal Rodríguez, en medio de un altercado entre ambos, le propinó una estocada en el abdomen al nacional chino, que le produjo la muerte.

Posteriormente, Furcal Rodríguez emprendió la huida, quedando grabada la secuencia de hechos en las cámaras de seguridad.

Al día siguiente, intentando evadir la justicia dominicana y haciendo uso de maniobras fraudulentas, la imputada Francelys María Furcal Rodríguez salió por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, con destino a Medellín-Colombia, y de ahí a Brasil, haciendo uso de un pasaporte a nombre de Denny María Rodríguez Hierro.

Luego, continuó su recorrido hacia Sao Paulo-Brasil, utilizando en esta ocasión identidad colombiana, a nombre de Rina Vásquez Sarabia. La imputada Francelys María Furcal Rodríguez, evadió los sistemas migratorios y prosiguió hacia Qatar-Emiratos Árabes Unidos y desde allí abordó un vuelo para llegar a Francia, con España como destino final, donde le esperaba su pareja sentimental.

El 6 de mayo fue ejecutada la orden de arresto, luego de que las autoridades españolas acogieran la solicitud de extradición del Ministerio Público, realizada a través de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, en coordinación con la Fiscalía del Distrito Nacional, para su enjuiciamiento por los hechos que se le imputan.

Santo Domingo.- Un Grupo de Abogados, y La Fundación Primero Justicia, representada por su Presidente Surun Hernández sometió acción de amparo contra Junta Central Electoral emitir resolución donde ordene detener el usos de masivo de ayudas sociales para la compra de votos y dirigentes de la oposición.

Recordó que el artículo 210 de la Ley 20-23, de régimen electoral prohíbe expresamente el uso y abuso de los programas sociales para fines políticos, lo cual evidentemente constituye un vulneración al principio de equidad y transparencia que deben normar los procesos políticos, al establecerse un mercado persa con bonos navideños donde el voto y la cedula se entregan a cambio de del citado bono, el cual por venir al portador, es un instrumento de cooptación y Manipulación.

La Junta Central electoral al tenor del artículo 212 de la Constitución, se encuentra en la obligación de tomar medidas cautelares para garantizar la equidad en los procesos electoral, maxime cuando se trata de todo un plan forzar la abstención financiera a la oposición mediante la compra usando los bonos, de dirigentes de la oposición.

Los mismos proclamaron que, se trata de un plan de compra de votos y cedula realizado desde la presidencia atreves de gobernadores provinciales, presidentes provinciales, presidente municipales, presidente de bloque, lo cual constituye la destrucción de la democracia.

Denunciaron que la Junta Central Electoral ha prohibido la entrega de las actas de escrutinio correspondiente al nivel de diputados, en franca violación al principio de transparencia y garantía electoral que debe normar le proceso electoral, con lo cual abren las puertas a que repita el fraude acaecido en febrero pasado con los regidores, donde los datos contenido en las actas de escrutinio manuela eran alterados al pasarlos al acta digital, lo cual demuestra la complicidad y contubernio de la Junta Central Electoral con dicho fraude.