A la seguridad social ha ingresado más de un billón y medio de pesos y egresado un monto similar.
Con un universo de 10,468,341 personas afiliadas al Seguro Familiar de Salud, la gran mayoría de los dominicanos (10,771,504 según el último censo) tiene, en teoría, cobertura para sus principales demandas de servicios médicos.
Pero la realidad se complica con frecuencia y los asegurados terminan desembolsando altas sumas de dinero para obtener la atención que demandan, aumentando la rentabilidad de un negocio, la salud, que se reparten sus principales actores.
Una mezcla de factores resta eficiencia al sistema. A decir de Arismendi Díaz Santana, uno de los creadores del modelo de seguridad social del país, el primero de ellos es la mala gestión, que a su juicio, se traduce en despilfarro de dinero en pagos de un personal que no brinda el servicio al que está obligado y que saca provecho en el ejercicio privado.
«La salud se ha mercantilizado. En primer lugar, por el sector médico. Esta mercantilización crece en la medida en que la respuesta pública es cada vez menos eficiente y confiable para la población», sostiene.
Desde la otra acera, aunque coincidiendo en que la salud se ha dejado al juego del mercado, el médico y pasado presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Wilson Roa, atribuye los males del sector a la baja inversión estatal y a las empresas intermediarias entre el Estado y los pacientes, es decir, las aseguradoras de riesgos de salud (ARS).
«Lo que pasa es que la salud no es prioridad para los gobiernos y por eso la llevaron al mercado. ¿Cómo explicar que la intermediación decida hoy el criterio médico científico? Tenemos una ley que ampara el negocio. Una ley que abre los hospitales al negocio privado», insiste Roa.
Desde el 2001, los dominicanos cuentan con el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) creado mediante la Ley 87-01, aunque su entrada en vigencia fue gradual a partir del 2002.
Además de regular, la legislación tiene como objetivo «desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo concerniente al financiamiento para la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales».
El sistema está diseñado en tres regímenes: contributivo (trabajadores públicos y privados), subsidiado (con aportes del Estado) y contributivo-subsidiado (solo funcionan los dos primeros) y abierto a la participación del sector privado.
