El ciudadano Félix Jiménez Ogando denunció una grave secuencia de irregularidades cometidas por miembros de la Policía Nacional y de la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), quienes retuvieron su motocicleta de manera injustificada y posteriormente la vendieron en una subasta ilegal, violando los procedimientos establecidos en la ley dominicana.
El hecho inició la noche del 15 de noviembre de 2022 en la avenida Coronel Fernández Domínguez, en Santo Domingo Este. Jiménez Ogando fue interceptado en un operativo mixto bajo el argumento de que su vehículo requería una «depuración» por el deterioro físico de su placa. A pesar de que el ciudadano mostró toda su documentación legal —incluyendo matrícula, seguro vigente, licencia de conducir de vehículo y motocicleta, y el documento oficial de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que avalaba que la placa real estaba en proceso de renovación—, los agentes procedieron a despojarlo de su propiedad.
A partir de ese momento, el afectado comenzó un laberinto institucional. El 28 de noviembre de 2022, la Dirección de Asuntos Internos determinó mediante una investigación que el oficial actuante, identificado como Domingo Marcarón Lebrón, efectivamente le había quitado el vehículo, alegando haberlo entregado en el destacamento correspondiente. Buscando justicia, Jiménez Ogando llevó su reclamo ante la Fiscalía de Asuntos Internos, la Procuraduría General de la República (solicitando la intervención de la fiscalía de la provincia) y el Defensor del Pueblo. Esta última institución, a través de su representante Miguel Puello, llegó a remitir una solicitud formal de explicación al entonces Director General de la Policía Nacional, la cual nunca recibió respuesta. Mientras el caso se ignoraba en las oficinas policiales, la DGII completó el trámite del ciudadano y le entregó su placa física definitiva en marzo de 2023, demostrando que su estatus siempre fue legal.
Tras más de un año de reclamos constantes, el caso llegó al Tribunal Superior Administrativo (TSA). Sin embargo, el recurso fue declarado inadmisible debido a que la DIGESETT alegó falsamente que el ciudadano «esperó demasiado tiempo» para reclamar. Para justificar la desaparición del vehículo, la institución depositó constancias ante el tribunal afirmando que la motocicleta había sido vendida en 2023 en una subasta de «metales pesados» (chatarra).
Asesores legales del Defensor del Pueblo que acompañan el caso advierten que esta acción de la DIGESETT constituye una flagrante ilegalidad. De acuerdo con el artículo 190 del Código Procesal Penal, la retención y posterior disposición o donación de un vehículo por parte de las autoridades solo procede de forma estricta cuando el propietario no ha podido ser identificado. En este caso, Jiménez Ogando estuvo plenamente identificado desde el primer día, sometió denuncias formales con su nombre y cédula, y mantuvo un reclamo activo en múltiples instancias del Estado mientras el proceso de investigación seguía abierto, lo que invalidaba cualquier derecho de la institución a subastar el bien.
El afectado y los representantes de los derechos ciudadanos catalogan la sentencia del TSA como una decisión errada que actúa de espaldas a la ley, por lo que hacen un llamado urgente a las altas instancias judiciales para que se revise esta alarmante práctica de la DIGESETT que despoja a los ciudadanos de sus bienes legítimos. Para el seguimiento de este caso o coordinar declaraciones de prensa, pueden comunicarse directamente con Félix Jiménez Ogando a los teléfonos 809-689-1685 y 809-803-4304.
