El ciudadano Abdias A. Estrella denunció públicamente una presunta cadena de irregularidades cometidas por miembros de la Policía Nacional y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), luego de que su motocicleta fuera retenida de manera injustificada y posteriormente desaparecida en circunstancias que calificó como ilegales.
Según explicó el denunciante, el hecho ocurrió durante un operativo realizado en Santo Domingo Este, donde agentes alegaron que el vehículo necesitaba un proceso de “depuración” debido al estado físico de la placa. Sin embargo, Abdias A. Estrella aseguró que poseía toda la documentación legal correspondiente, incluyendo matrícula, seguro vigente, licencias y documentos emitidos por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
De acuerdo con la denuncia, una investigación de Asuntos Internos identificó al oficial Domingo E. Marcano Lebrón como el agente actuante que retuvo la motocicleta, alegando posteriormente que el vehículo había sido entregado al destacamento correspondiente.
El afectado aseguró que inició un largo proceso de reclamaciones ante distintas instituciones del Estado, incluyendo la Fiscalía de Asuntos Internos, la Procuraduría General de la República, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Superior Administrativo (TSA), denunciando que mientras mantenía sus reclamos activos, la motocicleta habría sido incluida en una supuesta subasta de “metales pesados” o chatarra.
Representantes y asesores legales vinculados al caso advirtieron que esta acción podría constituir una violación al artículo 190 del Código Procesal Penal Dominicano, el cual establece que las autoridades solo pueden disponer de vehículos retenidos cuando no ha sido posible identificar a su propietario, situación que alegan no aplica en este caso debido a que el denunciante estuvo plenamente identificado desde el inicio del proceso.
El ciudadano hizo un llamado a las autoridades judiciales y organismos competentes para que el caso sea investigado profundamente y se determinen responsabilidades ante lo que calificó como una grave violación a sus derechos de propiedad y al debido proceso.
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