El Tribunal de Atención Permanente del distrito judicial de la provincia Barahona impuso un año de prisión preventiva en contra de un hombre acusado de una serie de violaciones sexuales contra al menos seis mujeres. El caso fue declarado complejo.
El imputado Juan Carlos Peña Nin, alias Moreno y/o Greydel Nin Matos, deberá cumplir la disposición en la cárcel pública de Barahona.
El órgano persecutor acusó al imputado de tortura y barbarie, violación sexual, robo, trata de personas agravada en su modalidad de esclavitud sexual o prácticas análogas, pluralidad de hechos y víctimas, cuyos nombres se omiten para proteger su identidad e integridad.
Las investigaciones establecen que Peña Nin se dedicaba a captar jóvenes en condiciones vulnerables, de escasos recursos, a través de WhatsApp, haciéndose pasar por supuestas amigas cercanas de estas. Luego les ofrecía dinero para que fueran a diferentes lugares, donde cometió los hechos, principalmente en los municipios Cristóbal y Tamayo.
De acuerdo con el Ministerio Público, el imputado también consumía sustancias narcóticas como cocaína y tusi.
Además, según establece el órgano acusador, le ofrecía dinero en pesos y dólares a las víctimas para que le acompañaran a diferentes lugares.
Señala que las llevaba a casas, donde las encerraba, les halaba por el pelo, robaba sus equipos móviles, dinero y prendas de vestir, y las obligaba a sostener relaciones sexuales en contra de su voluntad, además de que las amenazaba con armas de fuego y las torturaba pasándole cigarrillos cerca de sus partes íntimas, cuchillos por sus caras y demás partes del cuerpo, hechos que sucedían por varios días, hasta que las jóvenes lograban escapar. Precisa que este mismo modus operandi lo utilizó con todas las víctimas.
Precisa que la conducta del imputado Juan Carlos Peña Nin era reiterativa, utilizando el engaño, las raptaba, y, luego, las esclavizaba para su beneficio individual.
«Peña Nin enfrenta cargos por violación a las disposiciones de los artículos 303, 303-1, 303-3/4, 331, 379 y 381-3 del Código Penal Dominicano, y los artículos 3 y 7 letra (D), de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas», indicó el Ministerio Público.
Varias víctimas denunciaron
A través de un comunicado, el órgano acusador sostuvo que el pasado mes de enero se presentaron varias denuncias ante el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía del Distrito Nacional, por lo que iniciaron un proceso de investigación que llevó al arresto del imputado.
El Ministerio Público ejecutó una autorización judicial de allanamiento y orden de arresto contra el imputado en el Distrito Municipal de Uvilla, del municipio Tamayo, provincia Bahoruco, donde ocupó supuestamente varias evidencias con las que procedió con su sometimiento a la justicia.
