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Inespre recibe certificación de las normas ISO 37001 de Antisoborno e ISO 37301 de Gestión de Cumplimiento

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Santo Domingo, República Dominicana. El Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) recibió la certificación de las normas ISO 37001 de Sistema de Gestión Antisoborno y la ISO 37301 de Sistema de Gestión de Cumplimiento, por parte del Instituto Dominicano Para la Calidad (INDOCAL).

La entrega de la certificación fue realizada en un acto encabezado por el director ejecutivo del Inespre, Iván Hernández Guzmán; la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch y el director administrativo del Indocal, Víctor Vásquez, quien representó al director general de esa institución, Lorenzo Ramírez.

El Inespre pasa a ser una de las primeras instituciones del Estado en implementar y recibir las dos certificaciones Iso Antisoborno e Iso de Gestión de Cumplimiento unificadas, lo que fue calificado como un hecho trascendental por organismos reguladores del Estado.

La ISO 37001 de Antisoborno es la norma internacional para los sistemas de gestión antisoborno diseñada para ayudar a las organizaciones a implantar y mantener medidas específicas que les ayuden a prevenir, detectar y abordar el soborno en toda la organización y sus actividades comerciales.

Mientras que la ISO 37301 establece los requisitos de un sistema de gestión para: Identificar las principales obligaciones que afectan a las organizaciones y realizar un ejercicio de evaluación de los riesgos de su incumplimiento.

Milagros Ortíz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, destacó el proceso de transformación por el que atraviesa el Inespre en la actual administración dirigida por el ingeniero Iván Hernández Guzmán, creando y lanzando numerosos programas ventas populares, actuando apegado a las leyes y a las buenas prácticas, según evaluaciones institucionales.

Ortíz Bosch calificó como muy importante que el Inespre pase a aplicar y cumplir las normas ISO 37001 de Sistema de Gestión Antisoborno y la ISO 37301 de Sistema de Gestión de Cumplimiento, con lo que reafirma su compromiso con la integridad y transparencia.

La funcionaria indicó que el Gobierno dominicano está creando una cultura de honestidad y transparencia que beneficia a las presentes y futuras generaciones, por lo que exhortó a los servidores públicos a continuar trabajando para lograr la sociedad que necesita la República Dominicana.

Asimismo, Iván Hernández Guzmán, director del Inespre, señaló que la implementación de las normas ISO 37001 de Sistema de Gestión Antisoborno y la ISO 37301 de Sistema de Gestión de Cumplimiento constituyen un gran reto para nuestra institución y ratifican el compromiso de continuar trabajando apegados a la ética, la transparencia, la rendición de cuentas y al buen uso de los recursos del Estado.

“Rendir cuentas es un deber, es un compromiso de todos y en eso hemos laborado desde asumir el cargo, en inculcar esa cultura de transparencia, por esta razón hemos obtenido altas puntuaciones en el cumplimiento de leyes y normas, luego de ser evaluados por organismos reguladores del Estado”, expresó el funcionario.

Mientras que Víctor Vásquez, director administrativo del Indocal, quien representó al director de dicha institución, Lorenzo Ramírez, dijo que la legitimación de estas normas es resultado de que el Inespre culminó con éxito un trabajo realizado con dedicación, entrega y compromiso con la transparencia y la integridad, por lo que le augura éxito para continuar estas buenas prácticas de calidad.

El funcionario de INDOCAL explicó que las implementaciones de estas normas buscan que cada institución pueda evaluar su sistema de gestión en función a los riesgos que puedan presentarse ante un soborno y genera una serie de medidas de evaluación de las competencias que se deben cumplir para lograr que las instituciones sean más transparentes e íntegras.

La validación es otorgada en cumplimiento al Decreto 36-21 emitido por el presidente Luis Abinader, donde insta a las instituciones públicas adoptar las mejores prácticas y lineamientos internacionales en materia de prevención de delitos financieros.

Proceso para obtención de certificaciones

Para obtener las certificaciones, el Inespre se sometió a un proceso de capacitaciones y evaluaciones, que incluían auditorias mediante las cuales técnicos del Indocal determinaron el cumplimiento del estándar internacional que especifica los requisitos y proporciona una guía para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar el sistema de gestión ANTISOBORNO ISO 37001.

La experticia incluyó un proceso de recolección de información, creación de documentación, formación del personal y la implantación del Sistema de Gestión Anti Soborno de cara a una evaluación por la dirección previo a la certificación.

De igual forma, para otorgar la certificación ISO 37301:2021 de Gestión Cumplimiento los peritos determinaron el programa de políticas y procedimientos internos, que tienen por propósito asegurar que se cumplan las leyes, normas, reglamentos y acuerdos que le son aplicables a la organización.

Otras evaluaciones

Estas certificaciones se suman a los logros obtenidos por el Inespre en distintas evaluaciones durante los tres años de gestión encabezados por Iván Hernández Guzmán, dentro de las que figuran 100 puntos en la evaluación Transparencia realizada por Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), 92.18 en Compras y Contrataciones otorgados por la Dirección General de Compras y Contrataciones, 97.49 en el cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) y 90.15% en en el cumplimiento del indicador de valoración institucional del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) y un promedio de 89.61% en Tecnología de la Información (iTICge), entre otras.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

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Jueces no pueden establecer monto de impuestos a pagar

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La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia estableció que los jueces no pueden establecer el monto de impuestos a pagar en procesos judiciales tributarios porque eso es una atribución de la administración tributaria.

En la sentencia núm. SCJ-TS-23-0567, refiere que si bien los jueces del fondo se encuentran facultados a valorar los medios de pruebas sometidos a su escrutinio, lo cierto es que la determinación del impuesto a pagar no es atribución del órgano jurisdiccional, sino que esta recae exclusivamente sobre la administración tributaria, conforme lo previsto en los artículos 45 y 65 del Código Tributario.

El criterio jurisprudencial, emitido el 31 de mayo de 2023, indica, que la facultad para valorar prueba autoriza al juez de lo Contencioso Tributario ordenar a la administración tributaria, cuando lo entienda pertinente, proceder nuevamente a valorar o admitir medios probatorios descartados previamente.

Se advierte que el principio de legalidad dispone que todos los ciudadanos y los poderes públicos se encuentren sometidos al imperio de la Ley.

La decisión de la Tercera Sala casa la sentencia 0030-1642-2022-SSEN-00726, dictada por la Cuarta Sala del TSA, en atribuciones contencioso-tributarias, y envía el asunto ante la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en las mismas atribuciones.

Dijo que los jueces del fondo violentaron el principio de legalidad o reserva ley, puesto que al realizar la valoración de las pruebas procedieron a revalorizar los montos objeto de fiscalización, sin establecer las pruebas y las fundamentaciones de la referida revaloración, lo cual no bastaba con una factura y cheque.

“Máxime cuando existen procedimientos que deben ser agotados por los contribuyentes ante la administración tributaria para reportar errores que dieran lugar a inconsistencias determinadas”, refiere el tribunal.

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Centro Juan XXIII defiende el derecho de los usuarios a utilizar energía solar

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Santo Domingo.- El Centro Juan XXIII ha venido observando un crecimiento de opinión en torno al uso de las energías renovables, especialmente de la tecnología fotovoltaica basada en el aprovechamiento de la luz solar a través de placas o paneles, moviendo a preocupación que los recientes informes se orientan a cuestionar su implementación y fomento asignándole responsabilidad de la situación de déficit en las empresas distribuidoras de electricidad y en las finanzas del Estado.

Estos informes, más que pretender conciliar políticas favorables a su uso, apuntan a promover desde la regulación el restringir el derecho que tiene el usuario de hacer uso de paneles solares para mitigar el gran problema del costo del suministro eléctrico y aprovechar un recurso natural que le resulta favorable y amigable con el medioambiente.

Nuestro país ha ido dando pasos hacia la conquista de aquellas metas definidas en nuestros compromisos internacionales y en la legislación interna, en especial, en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), que presentan las energías renovables como uno de los objetivos principales
para el desarrollo nacional y una política responsable y amigable con el medioambiente, reforzando la necesidad de apuntalar nuestra independencia energética y mitigar el excesivo gasto público por el uso intensivo de los combustibles fósiles, que tanto impacta en el sector energético.

El modelo de generación distribuida, que permite a los usuarios hacer uso de la tecnología fotovoltaica, ha sido una gran conquista en nuestro mercado, alineada con la tendencia global de promover incentivos para la reducción del impacto económico que provoca un sistema eléctrico mayorista en las finanzas personales y empresariales. Limitar el uso de los paneles solares bajo un argumento de afectación al negocio de las empresas suministradoras de energía puede resultar en la promoción de monopolios y en un atentado al derecho conquistado y reconocido a los
usuarios de tener acceso a la energía eléctrica, acceso que no es exclusivo para ninguna empresa
suministradora del servicio eléctrico.

Los usuarios de energía eléctrica tienen el derecho de acceder al uso de un sistema de generación renovable como son los paneles solares, ya sea para autoabastecerse total o parcialmente, y resulta contraproducente que, bajo la línea argumental de los estudios presentados, se pretenda restringir
o limitar ese derecho.

El CJXXIII promueve los principios fundamentales que apuntan al bien común de la persona y de la sociedad y que se presentan como referentes para la formulación de políticas públicas  sustanciales, los que por igual se derivan de la dignidad humana, priorizando la ética y la primacía
de la persona.

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Vendedores mercado de Pekín reclaman entrega locales

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Santiago.- Los buhoneros del mercado de la plaza comercial “Merka Pekín” protestaron para reclamar de la alcaldía de Santiago de los Caballeros la entrega de los locales.

 

Bajo la consigna “Abel ya se ve, que lo entreguen ya”, los manifestantes denuncian que la alcaldía ha entregado módulos a personas que ni siquiera son de Pekín.

 

Gabriel Almonte, presidente de la Asociación de Dueños de Locales dijo que al menos 30 personas no han recibido sus locales y algunos llevan más de 10 años de larga espera.

Los vendedores se concentraron frente al local para exigir del alcalde Abel Martínez que cumpla la promesa de iniciar el proceso de asignaciones de los espacios como se había contemplado.

Decenas de agentes policiales fueron apostados al frente del mercado de Pekín para prevenir que vandalizaran el local.

De acuerdo a lista que manejan los beneficiados, en principio establecía 120 buhoneros desde vendedores de flores, zapaterías, productos agrícolas, ahora se reduce a 76, debido a que algunos tenían varios módulos y ahora recibirán uno.

Rafael Pimentel quien tenía 33 años operando su negocio en el viejo mercado de Pekín, demanda agilizar la entrega.

El centro de acopio que funciona en la zona sur de Santiago fue inaugurado en el mes de noviembre del año 2022, luego de vigilias y otros tipos de manifestaciones por parte de los buhoneros.

La Plaza Comercial Merka Pekín, es una edificación de dos niveles con 1,821 metros cuadrados cada uno para un total de 3,642 metros cuadrados de construcción y cuenta con 149 locales donde podrán operar diferentes tipos de negocios.

La distribución de la estructura consta de 2 locales para entidades del área financiera, 18 módulos para negocios de venta de cárnicos,15 módulos para venta de tubérculos,22 para negocios de embutidos,28 espacios para tiendas diversas, 4 para cafeterías y 22 módulos para ventas de especias y granos.

Otros 18 locales estarán destinados para venta de vegetales, 16 módulos para vender frutas, un área para dispensario médico, un local administrativo y otro para la Policía Municipal.

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