Por: Yolanda Mateo Urbano             Martes, 30 de junio del 2020

En momentos en que se asienta la revolucionaria impronta de la Era Digital, transformando la producción, las ciencias, el arte, las comunicaciones, la política y la cultura en general, llega la pandemia del coronavirus a poner al desnudo las carencias sistémicas de gobiernos y sociedades de todo el Planeta.
En este 2020, y como parte del mundo, República Dominicana está compelida a redefinirse ante nuevos retos y desafíos, y de pasar el mando a nuevos actores, capaces de asumir los nuevos paradigmas, y guiar al país en los nuevos escenarios que se plantean.

Grandes disyuntivas en el Norte, flujos de cambio provenientes desde Europa, crispaciones en nuestro entorno geopolítico más cercano, imponen a República Dominicana y a su gente transformaciones urgentes.

El viejo esquema de un crecimiento económico que en más de medio siglo no genera equidad ni desarrollo, que ha fosilizado las instituciones republicanas y el malogramiento de la democracia, en todo el período que viene desde el ajusticiamiento del tirano Trujillo, ha llegado al punto de colapso bajo el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana.

Caracterizaciones puntuales del agotado modelo de gobierno del PLD son las desatadas oleadas de corrupción, el establecimiento de un régimen de impunidad que protege el delito en las élites políticas.

0Un modelo de gobierno que ha llevado al deterioro extremo servicios tan básicos como la salud y la educación públicas de calidad, ausencia de seguridad social, delincuencia común y crimen organizado desbordados, secuestro del sistema de justicia por el partido de gobierno, inexistencia de independencia de los poderes del Estado, y entronización de un Estado elefantiásico y parasitario que se traga los tributos públicos y mantienen al país al borde de la ingobernabilidad social y política.

Consecuencias de las erróneas políticas públicas son la desatención y el desprecio de apoyo sostenido a las fuerzas productivas por parte de un gobierno que, en vez de incentivar, obstaculiza la competitividad del capital, y derrocha en clientela política los recursos que deben servir al mejoramiento de otros servicios públicos tan elementales como provisión de agua potable y corriente para los hogares y el trabajo, un servicio eléctrico que se ha hecho inmanejable, además de generar déficits fiscales que han hipotecado el presente y el futuro del país.