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Poder Ejecutivo emite Decreto 15-23 que introduce cambios y nuevas designaciones en el tren gubernamental

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Santo Domingo. – El Poder Ejecutivo emitió este lunes el Decreto número 15-23 mediante el cual designa en su artículo 1 a Catalino Correa Hiciano como director general de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), quedando derogado el artículo 3 del decreto núm. 180-21 del 18 de marzo de 2021.

Mediante la disposición presidencial se designa a Félix Antonio Santana García como contralor general de la República y se deroga el artículo 20 del decreto núm. 329-20 del 16 de agosto de 2020.

Asimismo, en su artículo 5 el Decreto establece la designación de Rómulo Victirbio Francisco Arias Moscat como director general de Contabilidad Gubernamental.

El artículo 6 dispone que Digna Reynoso queda designada directora general de la Dirección General de Pasaportes y en el número 7 se designa a Néstor Julio Cruz Pichardo cónsul general de la República Dominicana en Panamá.

El decreto del Poder Ejecutivo deroga los artículos 1 del decreto núm. 390-20, del 24 de agosto de 2020, 15 del decreto núm. 339-20, del 16 de agosto de 2020, y 2 del decreto núm. 388-20 del 23 de agosto de 2020.

En su artículo 9 dispone la designación de Pedro Antonio Quezada Cepeda rector del Instituto Técnico Superior Comunitario de San Luis (ITSC), derogando el artículo 6 del decreto núm. 374-20 del 21 de agosto de 2020.

Con el presente Decreto el Poder Ejecutivo designa a Bartolomé Yaque Pujals Suárez como director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OGTIC), en adición a las funciones de director ejecutivo del Gabinete de Innovación, de conformidad al artículo 1 del decreto núm. 465-21, del 27 de julio de 2021; su función en el Gabinete de Innovación será desempeñada a título honorífico.

De igual forma, dispone que Francisco Vegazo Ramírez queda designado asesor de la Presidencia de la República en materia de educación superior y se deroga el artículo 1 del decreto núm. 523-21 del 23 de agosto de 2021.

Mediante este Decreto se instruye a José Leonel Cabrera, en su condición de ministro sin cartera, a dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas trazadas por el Poder Ejecutivo.

A través de la presente disposición, Roberto Ángel Salcedo Sanz queda designado director general de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (PROPEEP).

El artículo 16, establece que queda derogado el artículo 2 del decreto 389-20, del 24 de agosto de 2020, ante la renuncia de José Leonel Cabrera a la condición de director general de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (PROPEEP).

Magalis Tabar Manzur queda designada gobernadora civil de la provincia El Seibo y se deroga el artículo 3 del decreto 508-20 del 28 de septiembre de 2020.

Además, Genara González Marmolejos queda designada gobernadora civil de la provincia Barahona y se deroga el artículo 4 del decreto 340-20 del 16 de agosto de 2020.

El Decreto presidencial establece en su artículo 21 que Adela Mercedes Tejada Gil de Rosario queda designada gobernadora civil de la provincia Monseñor Nouel. En adición a sus funciones de gobernadora, queda designada como presidente interina de la Comisión Ejecutiva del Consejo para el Desarrollo de la Provincia Monseñor Nouel; su función en la indicada comisión ejecutiva será desempeñada a título honorífico.

De igual manera, dispone que quedan derogados los artículos 4 del decreto núm. 158-22, del 31 de marzo de 2022 y 12 del decreto núm. 340-20 del 16 de agosto de 2020.

Mediante el Decreto, se designa a Manuel Hipócrates Conde Cabrera como miembro del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad y deroga el numeral 4 del artículo 1 del decreto núm. 375-20 del 21 de agosto de 2020.

Del mismo modo, José Pedro Díaz González queda designado miembro del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad y queda derogado el numeral 6 del artículo 1 del decreto núm. 375-20 del 21 de agosto de 2020.

Dirección de Prensa del Presidente

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Jueces no pueden establecer monto de impuestos a pagar

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La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia estableció que los jueces no pueden establecer el monto de impuestos a pagar en procesos judiciales tributarios porque eso es una atribución de la administración tributaria.

En la sentencia núm. SCJ-TS-23-0567, refiere que si bien los jueces del fondo se encuentran facultados a valorar los medios de pruebas sometidos a su escrutinio, lo cierto es que la determinación del impuesto a pagar no es atribución del órgano jurisdiccional, sino que esta recae exclusivamente sobre la administración tributaria, conforme lo previsto en los artículos 45 y 65 del Código Tributario.

El criterio jurisprudencial, emitido el 31 de mayo de 2023, indica, que la facultad para valorar prueba autoriza al juez de lo Contencioso Tributario ordenar a la administración tributaria, cuando lo entienda pertinente, proceder nuevamente a valorar o admitir medios probatorios descartados previamente.

Se advierte que el principio de legalidad dispone que todos los ciudadanos y los poderes públicos se encuentren sometidos al imperio de la Ley.

La decisión de la Tercera Sala casa la sentencia 0030-1642-2022-SSEN-00726, dictada por la Cuarta Sala del TSA, en atribuciones contencioso-tributarias, y envía el asunto ante la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en las mismas atribuciones.

Dijo que los jueces del fondo violentaron el principio de legalidad o reserva ley, puesto que al realizar la valoración de las pruebas procedieron a revalorizar los montos objeto de fiscalización, sin establecer las pruebas y las fundamentaciones de la referida revaloración, lo cual no bastaba con una factura y cheque.

“Máxime cuando existen procedimientos que deben ser agotados por los contribuyentes ante la administración tributaria para reportar errores que dieran lugar a inconsistencias determinadas”, refiere el tribunal.

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Centro Juan XXIII defiende el derecho de los usuarios a utilizar energía solar

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Santo Domingo.- El Centro Juan XXIII ha venido observando un crecimiento de opinión en torno al uso de las energías renovables, especialmente de la tecnología fotovoltaica basada en el aprovechamiento de la luz solar a través de placas o paneles, moviendo a preocupación que los recientes informes se orientan a cuestionar su implementación y fomento asignándole responsabilidad de la situación de déficit en las empresas distribuidoras de electricidad y en las finanzas del Estado.

Estos informes, más que pretender conciliar políticas favorables a su uso, apuntan a promover desde la regulación el restringir el derecho que tiene el usuario de hacer uso de paneles solares para mitigar el gran problema del costo del suministro eléctrico y aprovechar un recurso natural que le resulta favorable y amigable con el medioambiente.

Nuestro país ha ido dando pasos hacia la conquista de aquellas metas definidas en nuestros compromisos internacionales y en la legislación interna, en especial, en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), que presentan las energías renovables como uno de los objetivos principales
para el desarrollo nacional y una política responsable y amigable con el medioambiente, reforzando la necesidad de apuntalar nuestra independencia energética y mitigar el excesivo gasto público por el uso intensivo de los combustibles fósiles, que tanto impacta en el sector energético.

El modelo de generación distribuida, que permite a los usuarios hacer uso de la tecnología fotovoltaica, ha sido una gran conquista en nuestro mercado, alineada con la tendencia global de promover incentivos para la reducción del impacto económico que provoca un sistema eléctrico mayorista en las finanzas personales y empresariales. Limitar el uso de los paneles solares bajo un argumento de afectación al negocio de las empresas suministradoras de energía puede resultar en la promoción de monopolios y en un atentado al derecho conquistado y reconocido a los
usuarios de tener acceso a la energía eléctrica, acceso que no es exclusivo para ninguna empresa
suministradora del servicio eléctrico.

Los usuarios de energía eléctrica tienen el derecho de acceder al uso de un sistema de generación renovable como son los paneles solares, ya sea para autoabastecerse total o parcialmente, y resulta contraproducente que, bajo la línea argumental de los estudios presentados, se pretenda restringir
o limitar ese derecho.

El CJXXIII promueve los principios fundamentales que apuntan al bien común de la persona y de la sociedad y que se presentan como referentes para la formulación de políticas públicas  sustanciales, los que por igual se derivan de la dignidad humana, priorizando la ética y la primacía
de la persona.

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Vendedores mercado de Pekín reclaman entrega locales

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Santiago.- Los buhoneros del mercado de la plaza comercial “Merka Pekín” protestaron para reclamar de la alcaldía de Santiago de los Caballeros la entrega de los locales.

 

Bajo la consigna “Abel ya se ve, que lo entreguen ya”, los manifestantes denuncian que la alcaldía ha entregado módulos a personas que ni siquiera son de Pekín.

 

Gabriel Almonte, presidente de la Asociación de Dueños de Locales dijo que al menos 30 personas no han recibido sus locales y algunos llevan más de 10 años de larga espera.

Los vendedores se concentraron frente al local para exigir del alcalde Abel Martínez que cumpla la promesa de iniciar el proceso de asignaciones de los espacios como se había contemplado.

Decenas de agentes policiales fueron apostados al frente del mercado de Pekín para prevenir que vandalizaran el local.

De acuerdo a lista que manejan los beneficiados, en principio establecía 120 buhoneros desde vendedores de flores, zapaterías, productos agrícolas, ahora se reduce a 76, debido a que algunos tenían varios módulos y ahora recibirán uno.

Rafael Pimentel quien tenía 33 años operando su negocio en el viejo mercado de Pekín, demanda agilizar la entrega.

El centro de acopio que funciona en la zona sur de Santiago fue inaugurado en el mes de noviembre del año 2022, luego de vigilias y otros tipos de manifestaciones por parte de los buhoneros.

La Plaza Comercial Merka Pekín, es una edificación de dos niveles con 1,821 metros cuadrados cada uno para un total de 3,642 metros cuadrados de construcción y cuenta con 149 locales donde podrán operar diferentes tipos de negocios.

La distribución de la estructura consta de 2 locales para entidades del área financiera, 18 módulos para negocios de venta de cárnicos,15 módulos para venta de tubérculos,22 para negocios de embutidos,28 espacios para tiendas diversas, 4 para cafeterías y 22 módulos para ventas de especias y granos.

Otros 18 locales estarán destinados para venta de vegetales, 16 módulos para vender frutas, un área para dispensario médico, un local administrativo y otro para la Policía Municipal.

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