Santo Domingo Norte, RD. – El regidor Ramón Altagracia, representante del partido Fuerza del Pueblo (FP), denunció que la Alcaldía de Santo Domingo Norte (ASDN) pretende destinar alrededor de 33 millones de pesos, donados por el Gobierno Central, para la compra de una supuesta área verde en el sector Lotes y Servicios, que habría sido ocupada de manera fraudulenta por un ciudadano identificado como «Madé».
Según explicó el edil, el terreno en cuestión corresponde a un espacio reservado como área verde cuando se realizó la compra estatal de los terrenos para la conformación del proyecto habitacional Lotes y Servicios. «Se trata de una zona que debería estar protegida como bien público, sin embargo, el señor Madé se ha adueñado de ella irregularmente y ahora se pretende formalizar esa apropiación con recursos públicos», expresó Altagracia.
El regidor detalló que el terreno mide más de 600 metros cuadrados y que la administración municipal busca “negociar” su adquisición en lugar de actuar legalmente. “En lugar de pagar una millonada, el Gobierno tiene la facultad de declarar el terreno de utilidad pública y recuperarlo sin costo adicional”, enfatizó.
Esta situación ha levantado cuestionamientos sobre el uso de los fondos públicos y la aparente incoherencia en la gestión del suelo municipal, especialmente cuando, paralelamente, familias de escasos recursos enfrentan trabas para acceder a servicios básicos como los cementerios. El regidor mencionó un caso reciente en el que a una familia se le negó el entierro de un recién nacido en el cementerio de Los Casabes por no contar con los recursos económicos suficientes para cubrir los impuestos municipales.
Altagracia advirtió que no es la primera vez que se presentan irregularidades con terrenos en Santo Domingo Norte, señalando también lo que ocurre con la propiedad de la familia Taveras en El Higüero, donde igualmente hay conflictos por la ocupación y uso del suelo.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades competentes a investigar el caso y evitar que fondos del erario sean utilizados para legalizar actos de ocupación ilegal de bienes públicos.
