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El Gobierno descubre que es difícil aprobar una ley de amnistía si necesita contar con mecanismos de seguridad contra el juez García Castellón para obtener el plácet de Junts.
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La megafonía del hemiciclo tenía algunos problemas técnicos el martes durante el debate, que se suponía definitivo, sobre la ley de amnistía. Vamos, que se escuchaba medio bien en un lugar donde la acústica no da para muchos alardes. Además, los diputados del Partido Popular no podían contener las ganas de contarse cómo les había ido el fin de semana. Intervenían los portavoces de los grupos que presentaban enmiendas y era como si estuvieran leyendo el listín telefónico, al menos para los representantes del PP.
González Pons se puso en pie, dio la espalda a la tribuna y estuvo varios minutos hablando con una compañera de escaño de la fila de atrás. Sólo le faltó la cerveza en la mano. ¿Para qué se iban a molestar en prestar atención si dos jueces ya habían hecho el trabajo necesario para frenar en seco la proposición de ley?
Esta ley había llegado al Congreso como la condición esencial de Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Al final, no salió adelante por culpa de los siete votos de Junts. Si alguien no lo entiende, no pasa nada. La política española no es la línea más corta entre dos puntos. Digamos que se proyecta en varias direcciones de forma sucesiva hasta llegar al punto de destino, que estará más o menos cerca del elegido antes. Para compensar, el trayecto se hace muy entretenido.
Junts no estaba a favor de la proposición de la que llevaba hablando tanto tiempo por los acontecimientos ocurridos no en la Cámara, sino en dos juzgados que han resucitado causas del procés que llevaban hibernadas unos cuantos años. El objetivo de los magistrados es intentar relacionar a Carles Puigdemont con el terrorismo, la traición a España y otras maldades escalofriantes. Las pruebas no son sólidas, pero con menos de eso se han mantenido vivas algunas investigaciones judiciales durante años.
“Esta ley tiene agujeros que hacen que la justicia prevaricadora española pueda dejarla en papel mojado”, fue el argumento empleado por la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que justificó así la presentación de unas enmiendas que mencionaban el terrorismo como uno de los delitos amnistiables. El PSOE no estaba dispuesto a pasar por eso. Aumentaría en mucho las posibilidades de que un recurso judicial tenga éxito en el Tribunal de Justicia de la UE. Las enmiendas fueron derrotadas. La que más votos sacó tuvo 57.
Los socialistas no eran los únicos en discrepar de Junts. Esquerra votó a favor del proyecto al pensar que el trabajo legislativo era bastante sólido. “Esta ley está dotada de la fuerza suficiente para no ir cambiando en función de las investigaciones de unos jueces que prevarican y quieren hacer naufragar a esta ley”, dijo Pilar Valluguera. El discurso de la portavoz tampoco fue un plato muy digerible para los socialistas. Afirmó que la ley es necesaria para demostrar “la falta de calidad subyacente en el sistema democrático”. Con socios así, es conveniente no comer fuerte antes de los discursos.
