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Juristas advierten hay que llevar a los tribunales los presos que fueron trasladados de La Victoria

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Santo Domingo.- La Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) mostraron preocupación ante la gran cantidad de audiencias que son reenviadas en los tribunales del Distrito Nacional y de la Provincia de Santo Domingo.

Rodolfo Valentín Santos, de la Defensa Pública, y Trajano Vidal Potentini, del Colegio de Abogados, expresaron que la Procuraduría General de la República, a través de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales debe buscar una solución para evitar los aplazamientos por falta de los traslados de los privados de libertad.

Los reenvíos se producen por la falta de los traslados de los privados de libertad del penal de La Victoria que fueron enviados a otros recintos carcelarios, tras el incendio del 18 de marzo en las áreas de esa cárcel que fueron afectadas por el siniestro.

Valentín Santos dijo que había advertido en una ocasión que los traslados de los internos a diferentes recintos penitenciarios, sin ningún control y protocolo, iban a ocasionar los reenvíos de las audiencias en los tribunales de esas jurisdicciones. Manifestó que las audiencias son aplazadas por los tribunales debido a que no se sabe adónde pedir los imputados para que sean trasladados a sus respectivas audiencias.

Sostuvo que los traslados de los presos a los diferentes centros penitenciarios del país debieron ser notificados inmediatamente a los tribunales o al Poder Judicial a fin de que el esfuerzo para completar una audiencia no se obstruya.

Explicó que tiene un costo alto, citar a testigos, a las víctimas, hacer los roles de audiencia y completar los expedientes, así como el traslado de los internos, de los abogados y de los fiscales a las salas de audiencias.

Abogados

Mientras que Vidal Potentini dijo que es de gran preocupación la tardanza que genera la descoordinación por parte de Procuraduría, a través del sistema penitenciario, ya que eso trae consigo que esos procesos judiciales puedan ser afectados por una prescripción.

“Esto puede traer como consecuencia que las audiencias sin una justificación pueda ser afectadas por una prescripción y la duración máxima de un proceso es de cuatro años y eso deberá caer en beneficios de los reos porque es por falta ajena a su voluntad”, adujo el jurista.

A su juicio, debe haber una coordinación efectiva para los traslados de los privados de libertad a las cárceles para que esos aplazamientos por falta de traslados de internos no se sigan produciendo.

“Debe incluirse la logística para equilibrar en el menor tiempo posible esa realidad que se está viviendo”, expresó el jurista.

A su juicio, “las autoridades deben buscar de urgencia los correctivos para buscarle la solución a los traslados, tanto del nuevo modelo como del tradicional”, enfatizó, al tiempo que pidió que se tiene que hacer una reforma en el sistema penitenciario para que haya un solo sistema que es el nuevo modelo penitenciario.

Al menos 1,800 presos del penal de La Victoria fueron trasladados por disposición de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, a las cárceles de El Pinito, de La Vega; Vista al Valle, de San Francisco de Macorís; Anamuya, de Higüey; Cucama, de La Romana; San Pedro de Macorís, Haras Nacionales, Elías Piña, Batey Bienvenido 36, entre otros recintos.

Sobre la orden de no traslado de presos a la Victoria

Sobre la instrucción de la procuradora Germán Brito de no trasladar a la cárcel de La Victoria a nuevos presos, Valentín Santos respondió que eso no resuelve el problema de hacinamiento que allí impera.

Sostuvo que lo que debe instruir la procuradora a los fiscales es que no pidan a los jueces tanta prisión preventiva y que no judicialicen todos los casos, señalando que es urgente autorizar la demolición de la edificación de la penitenciaría de La Victoria.

Consideró que están pasando paños tibios a una situación que es más grave de lo que se piensa, ya que son seres humanos que viven como animales en las cárceles de República Dominicana, lo que a su juicio no puede seguir pasando.

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Policiales

Lo dejaron ocho meses y 15 días preso con cuentos como acusación

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El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo dictó sentencia absolutoria y declaró no culpable por insuficiencia de pruebas a Víctor Scharboy Almánzaracusado de presunta violencia de género contra su expareja.

Además, en su dispositivo el tribunal declaró el cese de la medida de coerción consistente en prisión preventiva, que había dictado el 4 de agosto de 2023, mediante resolución número 530-2023-SMEC-02147 la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo, y por la cual permaneció ocho meses y 15 días preso en la penitenciaría de La Victoria.

El tribunal, integrado por los magistrados Elizabeth E. Rodríguez Espinal (presidenta), Flor E. Batista P. (miembro), y José Leonel Asencio (miembro), declaró a Scharboy Almánzar, de 66 años de edad, «No culpable de los crímenes de amenazas, golpes y heridas voluntarias, violencia contra la mujer o de género y violencia intrafamiliar o doméstica, previstos y sancionados por las disposiciones legales contenidas en los artículos 307, 309, 309-1, 309-2, y 39-3 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la ciudadana María Yocasta Escotto de los Santos (Sulay), por insuficiencia de pruebas, que comprometan su responsabilidad penal fuera de toda duda razonable, en consecuencia declaran su absolución, conforme a lo preceptuado por el artículo 337 numeral 2 del Código Procesal Penal Dominicano».

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Identifican cuatro de los cinco heridos de bala en Barahona

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Barahona.- El hecho ocurrido en circunstancias no esclarecidas aconteció ayer lunes cuando un desconocido armado se presentó al Parque del municipio de Enriquillo, en la costa de esta provincia, y disparó contra un grupo de personas que compartían tragos.

De acuerdo a los informes preliminares cuatro de los heridos responden a los nombres de Geiwin Carrasco Sánchez, Samuel Luis Piña, Oscausi Samboy y Yilbert Sánchez Pérez, de 36, 44, 33 y 37 años, respectivamente.

 

 

Hasta el momento se desconoce el nombre del quinto de los heridos, pero se supo que uno de ellos está interno en el Hospital Jaime Mota de esta ciudad, producto de la gravedad de las heridas recibidas.

Este caso es investigado por las autoridades policiales que están detrás del autor de los disparos para fines de apresamiento, identificación y posterior envío a la justicia.

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Juezas destacan importancia de incorporar la perspectiva de género en los procesos judiciales

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Santo Domingo.- La magistrada Maite Oronoz, presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, destacó la importancia de la incorporación de la perspectiva de género para promover la igualdad y prevenir la discriminación basada en género.

La magistrada hizo el señalamiento al abordar el panel “Perspectiva Interseccional en el Servicio Judicial”, junto a las magistradas Martha Díaz Villafaña, presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, y Ángela Russo, de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en el marco de la celebración de la Conferencia del Poder Judicial 2024.

 

 

Oronoz comentó que es desde esa perspectiva que se debe mirar cómo queremos formar el Poder Judicial del futuro.

Indicó que esa justicia no puede ser formada sin contemplar la inclusividad como parte de ese acceso al servicio.

“Pienso que, si queremos realmente hacer una diferencia, tenemos que diseñar un sistema inclusivo que brinde servicio a las poblaciones y a los grupos que históricamente han sido rechazados o excluidos de los servicios que damos en los poderes judiciales”.

Explicó que el concepto perspectiva de género no es nuevo, ya que surgió hace más de 50 años en una conferencia sobre la mujer, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Definió la perspectiva de género como una herramienta inclusiva de los intereses de las mujeres en la idea de desarrollo para contrarrestar las políticas descritas como neutrales.

Declaró que la diversidad como norma “nos ayuda a mirar el derecho desde otra óptica y de una manera más empática, adjudicando a cada quién según sus circunstancias”.

Indicó además que el mandato de la igualdad implica de quienes imparten justicia un ejercicio de desconstrucción de la forma en que se ha interpretado y aplicado el derecho.

Favoreció implementar políticas públicas a lo interno del Poder Judicial y procurar que el servicio que se oferta sea lo más equitativo posible.

Por su parte, Martha Díaz Villafaña manifestó que la discriminación por género puede también coexistir con otras formas de discriminación por condición étnica, social, económica, educativa o cualquier otra condición en específica.

Definió la interseccionalidad como una garantía para disminuir las barreras de acceso a la justicia.

Informó que el Poder Judicial cuenta con instrumentos que reconocen la perspectiva interseccional en el servicio de justicia.

“Por eso, desde el 2007, tenemos una Política de Igualdad de Género en el Poder Judicial que luego se operativizó en un reglamento de operación de la indicada política en un reglamento de aplicación de la indicada política”.

Asimismo, explicó que esos instrumentos ayudarán a disminuir las barreras en el acceso a justicia, tomando en cuenta las particularidades de diversos colectivos.

Aclaró que entre los poderes judiciales de República Dominicana y de Puerto Rico se ha diseñado un proyecto sobre interseccionalidad de género, a propósito de esta edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que reúne a presidentes de los 23 países de la región.

Dijo que el nuevo orden invita a que el sexo de la persona ni su preferencia sexual pueden ser razones de exclusión.

Por último, la magistrada Ángela Russo destacó la importancia de que los poderes judiciales continúen reuniéndose a través de la Cumbre Judicial Iberoamericana para ver cómo solucionar el acceso a justicia y discriminación por género.

Recordó que la Cumbre creó en el año 2008 las Cien Reglas de Brasilia, la cual es una Guía para ayudar a que las personas tengan más fácil acceso a la justicia.

“Existe una aparente neutralidad de la norma. Nuestras constituciones dicen que todos somos iguales ante la Ley, pero en el fondo eso no es verdad cuando nos vamos a la práctica, y como se ha dicho aquí, los poderes judiciales necesitamos la credibilidad de los usuarios del sistema”.

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